ONG venezolanas exigen liberación inmediata de Javier Tarazona y Rocío San Miguel

Ochenta y dos organizaciones no gubernamentales venezolanas exigieron el martes la liberación inmediata de los defensores de derechos humanos Rocío San Miguel y Javier Tarazona, al igual que todos los presos políticos del país.

En un comunicado, denunciaron que a San Miguel aún se le niega el derecho a la defensa y al debido proceso. Afirmaron que su detención “busca un efecto paralizante” en las organizaciones vinculadas a derechos humanos en el país, y envía “un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, como Rocío, se atreven a alzar la voz contra las injusticias”.

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También exigieron a la comunidad internacional que se solidarice con San Miguel y apliquen “presión diplomática y política para asegurar su liberación inmediata y la protección de sus derechos”.

Para las organizaciones, la detención de la activista, su desaparición y posterior reclusión, donde no se le ha permitido juramentar defensa privada, “constituyen una violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente, incluyendo la presunción de inocencia, el debido proceso, juicio justo y a la libertad de expresión”.

Exigen liberación de Rocío San Miguel

Cabe recordar que, el pasado 9 de febrero, Rocío San Miguel fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, cuando se disponía a salir del país por un viaje familiar. Dos días después, ante una ola de denuncias de desaparición forzada, el Ministerio Público informó sobre la detención de la abogada.

El 13 de febrero, los tribunales la acusaron formalmente de formar parte de una supuesta conspiración de magnicidio denominada Brazalete Blanco. Posteriormente, enviada a la sede del Sebin de El Helicoide.

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Las ONG señalaron que estas acciones no solo violan sus derechos individuales como mujer y defensora, “sino que también tienen implicaciones de género significativas, intensificando la violencia que enfrentan las mujeres en Venezuela”.

Aseguraron que este acto de represión busca un efecto paralizante en las organizaciones vinculadas a derechos humanos en el país. Y envía “un mensaje intimidatorio a todas aquellas personas que, como Rocío, se atreven a alzar la voz contra las injusticias”.